articulo 3 codigo penal

Artículo 3 del Código Penal: garantías judicial, procesal y ejecutiva

El artículo 3 del Código Penal regula las garantías judicial y procesal. Se trata, por tanto, del complemento a lo ya analizado al respecto de la aplicación del principio de legalidad al ordenamiento penal. Para más información remitimos al lector a nuestros análisis sobre:

Volviendo al tema, el artículo 3 del Código Penal impide que se ejecuten penas o medidas de seguridad:

  • Que no hayan sido impuestas por la Sentencia firme del órgano jurisdiccional competente (garantía penal).
  • O de un modo diferente al impuesto en la Ley penal. Particularmente se hace referencia al exceso en el cumplimiento de la Ley penal, lo que se conoce como garantía de ejecución.

Este artículo se encuentra incluido en el Título Preliminar (de las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal) del Código Penal. Se trata, por tanto, de un artículo general, que funciona como fundamento del orden penal.

Redacción del artículo 3 del Código Penal

1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.
2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.

Artículo 3 del Código Penal

Explicación del artículo 3 del Código Penal

El artículo 3 del Código Penal regula las garantías judicial, procesal y ejecutiva. En su virtud, la imposición de una pena o medida de seguridad requiere de la celebración de un juicio previo, acorde a las normas de competencia y procesales penales. Además, una vez impuesta, esta no puede exceder lo contemplado en la Ley material.

Entran en juego, por tanto, dos elementos relevantes:

  • La firmeza de la Sentencia.
  • El funcionamiento de la garantía de ejecución.

Respecto a la reserva de jurisdicción y el debido respeto a la ley procesal penal no vamos a extendernos, ya que resultan fundamentos básicos del Estado de Derecho y del principio de legalidad penal.

Qué se considera una Sentencia firme

La definición de la firmeza de la Sentencia en el ordenamiento penal se encuentra regulada en el artículo 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Este artículo determina la firmeza de aquellas Sentencias contra las que no cabe recurso ordinario o extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación.

Nótese que, acto seguido, introduce la noción de ejecutoria, como «el documento público y solemne en que se consigna una Sentencia firme«. Este documento tiene forma de Auto, y determina la firmeza de la Sentencia a la que hace referencia para ordenar su cumplimiento o ejecución. La ejecutoria dispone todo lo necesario para llevar a cabo el fallo de la Sentencia y debe remitirse al órgano encargado de su cumplimiento.

Cómo opera la garantía de ejecución

La garantía de ejecución, contenida en el artículo 3 del Código Penal, prohíbe que el cumplimiento de una pena o medida de seguridad exceda lo contemplado en la Ley penal. En este sentido cabe destacar que existe una amplia regulación penitenciaria, que excede el contenido del Código Penal. Por tanto, habría que entender que la garantía de ejecución hace referencia a la totalidad de ese corpus normativo.

¿No colisiona esto con el principio de legalidad? Conforme explicamos en el comentario al primer artículo del Código Penal (reseñado y enlazado en la introducción), la norma penal debería ser escrita y sometida a reserva de Ley. Además, en principio, tal Ley debería ser Orgánica.

Sin embargo, la legislación penitenciaria no se somete necesariamente a estas formalidades, lo que aporta flexibilidad al sistema de penas. De modo que lo que queda estrictamente protegido por el principio de legalidad penal es la determinación del delito y de la horquilla de penas, sin perjuicio de que otras normas desarrollen este régimen en lo referente, por ejemplo, a su ejecución.

La garantía de ejecución en la Constitución

Por último, cabe señalar que nuestro texto constitucional se ocupa también de la garantía de ejecución. Así, su artículo 25.2 dispone que las penas privativas de libertad y medidas de seguridad deben orientarse a la reeducación y reinserción social. También prohíbe que estas:

  • Consistan en trabajos forzados.
  • Priven al reo de sus derechos fundamentales, salvo los conculcados por el fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.
  • O le excluyan de la actividad laboral retribuida, los beneficios de la Seguridad Social o el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

Del mismo modo, el art. 15 de la Constitución prohíbe las penas consistentes en tratos inhumanos o degradantes.

Recursos relacionados con el art. 3 CP