presuncion inocencia

Presunción de inocencia

La presunción de inocencia es un derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución, según el cual nadie puede ser tratado como culpable hasta que así lo determine una sentencia penal firme.

Se trata no solo de un principio del Derecho Penal, sino del propio Estado de Derecho, íntimamente relacionado con el principio acusatorio.

El origen de la presunción de inocencia

La presunción de inocencia y el proceso debido son principios básicos de los sistemas jurídicos anglosajones. En el Derecho continental ha sido reconocida por numerosos instrumentos internacionales. Por ejemplo:

Al margen de estos instrumentos internacionales, la presunción de inocencia se regula en el artículo 24.2 de nuestra Constitución. Se trata, por tanto, de un derecho fundamental amparado no solo por los tribunales ordinarios sino también por el Tribunal Constitucional.

Efectos de la presunción de inocencia

La presunción de inocencia supone que cualquier imputación realizada contra una persona deberá ser acreditada. Por razones de política legislativa existen algunas excepciones a esta forma de atribuir la carga de la prueba, como ocurre en el caso de las acusaciones de violencia de género.

Recordemos que para que un hecho alegado ante los tribunales sea tomado en consideración debe acreditarse. En sede penal esto implica que el Juez solo podrá apreciar aquellas pruebas capaces de superar la presunción de inocencia.

Esto introduce unas normas especiales a la práctica probatoria penal:

  • Como decimos, en general es la parte acusadora quien ostenta la carga de la prueba. En este sentido, la acusación no solo debe acreditar el delito, sino también la responsabilidad del imputado.
  • Además, se exige cierta fuerza al material probatorio aportado, sin que baste con presentar, por ejemplo, atestados policiales, declaraciones en las dependencias de la policía o testimonios indirectos.
  • Pese a ello, se admite la prueba de indicio cuando los indicios sean plurales, unívocos y fundados en hechos acreditados, siempre que el tribunal razone adecuadamente su resolución.
  • La práctica probatoria se debe realizar bajo ciertas garantías, que incluyen:
    • Igualdad
    • Contradicción.
    • Inmediación del órgano sentenciador.
    • Publicidad.
  • El órgano sentenciador debe presentar ciertas cautelas en su valoración de la prueba. Así, se le impone la obligación de razonar sobre la misma, no pudiendo basar su sentencia en una prueba prohibida.

Presunción de inocencia y violencia de género: un debate abierto

Como hemos anticipado, la carga de la prueba en las acusaciones de violencia de género, discriminación por razón de sexo y discriminación sexual, recae sobre el acusado. Muchas voces ven en esta cuestión una ruptura con la presunción de inocencia.

Otros autores han destacado que el derecho a la presunción de inocencia no se ve afectado por esta inversión de la carga de la prueba. Para ello se basan en un análisis del procedimiento penal, que funciona en dos etapas:

  1. Instrucción. Durante esta fase se inspecciona si hay indicios del delito y de su presunta autoría. Solo en caso afirmativo se entregarán las diligencias al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para iniciar la segunda etapa.
  2. Juicio. Si el Ministerio fiscal o la acusación particular presentan acusación se iniciará la fase de juicio, donde deberán acreditarse los indicios obtenidos previamente para dotarlos de fuerza suficiente como para romper la presunción de inocencia.

Esto ha llevado al propio Tribunal Constitucional a afirmar que la presunción de inocencia tiene dos caras. Por un lado, presenta una perspectiva de tratamiento. Es decir, no puede tratarse al presunto autor como delincuente sin una sentencia condenatoria firme.

Sin embargo, la perspectiva plena, que es puramente procesal, es la que se despierta en la etapa del juicio. En este caso hablamos de la introducción en el proceso de todas las garantías probatorias que hemos mencionado.

Consecuencias del quebranto de la presunción de inocencia

Se entenderá vulnerado el derecho a la presunción de inocencia cuando la sentencia condenatoria no se base en:

  • Hechos probados, que acrediten todos los elementos del delito (objetivos y subjetivos).
  • De tal relevancia que sirvan para desvirtuar la presunción de que el encausado es inocente.
  • Acreditados con el concurso de los principios de igualdad, contradicción, publicidad e inmediación del órgano sentenciador (salvo en las pruebas anticipadas o preconstituidas).
  • Y obtenidos lícitamente, ya que la prueba sin garantías o que vulnere derechos procesales no debe ser atendida.

A falta de razonamiento del órgano sentenciador o de la concurrencia de cualquiera de estos elementos (por tanto, siempre que se viole el derecho a la presunción de inocencia), el acusado deberá ser absuelto.