ultima ratio

Principio de ultima ratio: sobre la intervención mínima del Derecho Penal

El principio de ultima ratio o de intervención mínima del Derecho Penal supone que los Poderes Públicos solo deben recurrir a esta rama del ordenamiento cuando el resto son insuficientes. De modo que el Derecho Penal se presenta como la última opción, siendo preferible:

Así, se configura una perspectiva del Derecho Penal con tendencia garantista. Garantía que intenta salvaguardar los derechos fundamentales del penado, inevitablemente afectados por la aplicación de una pena o medida de seguridad.

Recordemos que el artículo 25 de la Constitución diferencia entre los delitos y las infracciones administrativas. A continuación, prohíbe que las sanciones de la administración civil (dejando libre, por tanto, a la militar) afecten a la libertad del infractor.

Por tanto, dado que las respuestas del Derecho Penal afectan a los derechos fundamentales, solo deben emplearse en los casos en que no exista otra respuesta posible.

El principio de ultima ratio y la tipicidad: el Código Penal como catálogo de conductas prohibidas

Podemos ver la manifestación más clara del principio de ultima ratio en el principio de tipicidad. Según este principio, regulado en el artículo 1 del Código Penal, nadie puede sufrir penas o medidas de seguridad sin que previamente estén determinados en la Ley.

Lo cual implica que el Código Penal funciona como un catálogo de conductas prohibidas. Conductas que no incluyen cualquier lesión o amenaza a los bienes jurídicos protegidos, sino tan solo aquellas que se consideran más reprochables.

Esta excepcionalidad de la sanción penal explica simultáneamente:

  • Por qué el Estado puede perseguir delitos con tanta firmeza. Recordemos que en algunos sistemas se permite incluso la pena de muerte (pena que está abolida en nuestro sistema salvo en tiempos de guerra a tenor del art. 15 de la Constitución).
  • Y por qué se deben proporcionar tantas garantías al presunto delincuente (presunción de inocencia, aplicación de la norma más favorable…).

A su vez, el principio de ultima ratio no deja de manifestar cierta desconfianza en la finalidad reintegradora de las penas y medidas de seguridad proclamada en el artículo 25.2 de la Constitución. Y es que todavía se entiende la sanción penal como una solución irreversible y deficiente.